Pyongyang, 24 de abril (ACNC) -- El portavoz de la Asociación de Juristas Democráticos de Corea (AJDC) hizo pública el día 24 una declaración que denuncia el acto criminal y antiético de las autoridades japonesas para suprimir la educación nacional de los coreanos radicados en Japón.

La represión fascista de los reaccionarios japoneses contra la educación nacional de los coreanos radicados en Japón fue de punta a cabo una barbaridad ilegal y desafío frontal al derecho internacional y la ética, comienza la nota y prosigue:

Aunque pasó mucho tiempo desde la lucha de educación del 24 de abril librada por esos compatriotas, las autoridades japonesas, que tienen de nacimiento el veto y la hostilidad a la RPDC y la Chongryon (Asociación General de Coreanos Residentes en Japón), recurren todavía a su campaña para acabar con la educación de aquéllos usando métodos cada vez más astutos y pueriles.

Por ejemplo, la otrora "orden de cierre" de las escuelas coreanas renace en las "notas de sentencia" de carácter chovinista mientras se reportan sin parar los casos criminales y antiéticos contra esas instituciones docentes y los hijos de coreanos en Japón.

El derecho de ellos a la educación nacional es el legítimo e inalienable, estipulado en términos claros en las leyes internacionales como la Convención de Derechos de la Infancia de la ONU y la otra de la UNESCO contra la discriminación en la educación y hasta en la ley principal de enseñanza de Japón.

Aunque las autoridades japonesas tratan de justificar su fechoría en la escena internacional, no podrán negar ni disimular este expediente criminal del pasado y el presente.

Los compatriotas residentes en Japón están al fuerte amparo de la ley de la RPDC sobre la protección de derechos e intereses de los compatriotas en el exterior.

La violación de los derechos e intereses democráticos y nacionales de ellos significan el atentado contra la soberanía y derechos estatales de la muy digna RPDC.

La RPDC advirtió ya a los países que en adhesión a la estrategia de alianza de EE.UU., se involucraron en el intento de ultrajar la sagrada dignidad y soberanía de la primera.

Tendrán que pagar muy caro si las autoridades niponas se obstinan en dicho acto criminal violando la ley internacional y los derechos humanos, pese a la reiterada advertencia y fuerte rechazo de la sociedad internacional.

Al justipreciar la corriente de la época aunque tardíamente, ellas deben parar su campaña para acabar con la educación nacional democrática de la Chongryon. -0-